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En autos, el Tribunal confirmó la sentencia interlocutoria por la cual se ratificaron las medidas cautelares de prohibición de acercamiento; pero no se hizo lugar al ingreso de las partes al sistema de monitoreo electrónico. Este Colegiado entiende que los agravios de la recurrente respecto a que no se dispuso el ingreso al sistema de monitoreo electrónico, no son de recibo; habiendo el A Quo aplicado a cabalidad los principios (especialmente el precautorio) establecidos en la ley 19.580.

En el marco de una acción declarativa de prescripción adquisitiva, en la cual la parte actora solicitó la modificación de demanda, reclamando solamente la prescripción de las dos terceras partes del inmueble de autos, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3º Turno, revocó la Sentencia interlocutoria de primera instancia No 769/2025 y admitió la modificación de la pretensión deducida en autos, teniéndose como objeto de la misma la declaración prescripción adquisitiva de las dos terceras partes del inmueble.

La Sala confirma la sentencia definitiva de primera instancia, apelada por ambas partes, que fijó una pensión alimenticia a servir por el demandado a favor de su menor hija de 2,5 BPC mensual.

Se revoca en segunda instancia la eximente de notoria mala conducta.

El agravio deducido en la apelación contra la sentencia interlocutoria de primera instancia, refiere únicamente al plazo establecido para la medida de conexión de las partes al sistema de monitoreo electrónico, solicitando la denunciante que se mantenga por el término de la medida cautelar adoptada y no solo por los primeros 90 días. El Tribunal revoca la recurrida, considerando que el agravio es de recibo.

La Defensa de la denunciante interpuso recurso de apelación ante el rechazo de la solicitud de ingreso de las partes al sistema de monitoreo electrónico, por el temor que siente su defendida ante la posibilidad que el denunciado incumpla las medidas.

Se confirma la sentencia recurrida que condemó al MSP a suministrar a la peticionante el fármaco TUCATINIB, en la forma y por el tiempo que sea indicado por el equipo médico tratante, sin perjuicio de la sentencia definitiva a dictarse en el proceso principal en tramite. La Sala considera que se cumple con la verificación respecto del MSP de la totalidad delos requisitos exigidos por el legislador en el artículo 317.4 del CGP para la adopción de medida provisional, por lo que impone la confirmación de la apelada en relación al MSP. Respecto al FTM, dado que el medicamento solicitado no se encuentra registrado en el FTM según surge a fs. 22 del expediente por el proceso de amparo y se desestima el agravio de la actora en relación al FNR no sin antes mencionar que la tutela del derecho reclamado se ve satisfecha con la confirmatoria de la condena al MSP.

AA. Suministro de sustancia estupefaciente prohibida, un delito de tráfico interno de arma de fuego y un delito de lesiones personales especialmente agravadas todos ellos en reiteración real

Daños y perjuicios derivados de siniestro de tránsito. Tribunal revoca decisión desestimatoria y ampara parcialmente la demanda. Responsabilidad compartida en colisión doble. Hecho de un tercero. Carga y valoración de la prueba. Informe técnico del Laboratorio de Accidentología Vial y Laboral.

La Sala revoca la sentencia interlocutoria de primera instancia que había levantado la medida cautelar dispuesta de prohibición de acercamiento y comunicación entre el denunciado, y su hijo de 6 años; atento a que debe primar el interés superior del niño por sobre su voluntad, así como el informe de riesgo de ETEC, el cual es considerado ALTO.

En el marco de un proceso, en el cual la parte actora plantea una hipótesis de incumplimiento inexacto definitivo de un contrato de construcción, cuyo objeto consistió en realizar obras necesarias para la instalación de una casa prefabricada en madera, pretendiéndose la indemnización de los daños y perjuicios derivados del costo de reparación de las imperfecciones, al cual la demandada al contestar, solicitó se desestimara la demanda y se condenara a la actora, por daño a la imagen que sus publicaciones le causaron a su empresa, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual condenó al demandado a pagarle al actor la multa por U$S 10.000, con más intereses desde la promoción de la demanda y desestimó la reconvención deducida.

El Tribunal confirma la sentencia recurrida, dado que entiende la Sala que corresponde establecer como pensión alimenticia a servir por la demandada a favor de sus menores hijos en el equivalente a 1,5 BPC mensual, suma que es acorde, racional y ajustada a las resultancias de autos y cubre aunque parcialmente las necesidades básicas de los niños.

La sentencia definitiva de primera instancia hizo lugar a la demanda, condenando a la parte demandada a pagar al actor por indemnización S.O.A., un monto no superior a los $ 900.000, cuya liquidación se difirió a la vía del art. 378 CGP sobre las bases de una pericia que aplique los criterios establecidos en la Ley y sus decretos reglamentarios. El BSE interpuso recurso de apelación, cuestionando la valoración de la prueba realizada por la sentencia impugnada en cuanto: al acaecimiento del siniestro, pues entiende que no existió prueba sobre el mismo, lo que determina que no pueda tenerse por probado el presupuesto fáctico de la cobertura; y en relación a la legitimación pasiva en tanto considera que no aplica cobertura especial, debiendo en todo caso dirigirse el accionamiento contra el vehículo embestidor que fue identificado. Considera el Tribunal que el cúmulo de probanzas e indicios habilitan a tener por verificada la existencia del siniestro en cuestión, en las circunstancias de lugar y tiempo indicadas por el accionante, todo lo cual conduce a rechazar los agravios articulados sobre el punto por la parte demandada.

se declara la incompetencia de la sede de primera instancia.

Se dispone el arresto domiciliario total del imputado.

El Tribunal los considera de parcial recibo los agravios deducidos por la apelante, por considerar que si bien la conducta desplegada por la demandada (a través de sus dependientes) merece reproche y amerita la condena a resarcir el perjuicio causado, no se ha probado que fuera la causa directa del fallecimiento, como se consignó en el grado anterior, sino que privó al fallecido de la posibilidad de un diagnóstico y tratamiento precoz, desconociéndose si ello hubiera determinado la modificación del luctuoso final (contrariamente a lo afirmado en el primer grado), pero pudiendo afirmar con certeza que se lo privó de una mejor chance de supervivencia. Por lo tanto la Sala confirma parcialmente la sentencia apelada, reduciendo el capital objeto de condena al 30% de las cifras fijadas en el grado anterior con el interés legal desde la presentación de la demanda.

La Sala revoca la pensión alimenticia fijada por sentencia definitiva, aumentándola de acuerdo a las necesidades de la menor y las posibilidades del obligado.

Se recibe prueba testimonial

En autos, por sentencia de primera instancia se fijó una pensión alimenticia definitiva a servir por el demandado a favor de su menor hijo equivalente al 20% de todos sus ingresos líquidos mensuales (nominal menos descuentos legales). Contra dicha sentencia interpuso recurso de apelación la parte actora, agraviándose respecto del monto. El traslado no fue evacuado por el demandado, quien además no contestó la demanda ni compareció al proceso. El Tribunal revocó parcialmente la sentencia apelada fijando la pensión alimenticia definitiva a servir por el demandado en favor de su menor hijo en el equivalente al 25% de todos sus ingresos líquidos mensuales (nominal menos descuentos legales); monto que se entiende razonable, proporcionado y acorde para un niño de 8 años de edad sin necesidades especiales, no advirtiéndose motivo alguno para su fijación en un monto menor.

El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno, revocó la sentencia interlocutoria de primera instancia en cuanto fija el interes legal por el rubro daño moral en el 12% y, en su lugar, se fija el interés legal en el 6% y con relación a la liquidación del daño emergente, corresponde estar a la liquidación de la parte demandada. (D) Dra. Ana Rivas y Dr. Álvaro Messere PARCIALMENTE DISCORDES, por cuanto entendemos que corresponde amparar el agravio relativo a la falta de detracción del IRPF en el rubro daño moral.