AA, C/ MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. AMPARO

Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados: “AA, C/ MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA. AMPARO” I.U.E: 2-105640/2025 venidos a conocimiento del Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio de Salud Pública contra la Sentencia No 117/2025, dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 3o Turno.

1- La Sentencia de primera instancia amparó la demanda deducida contra el Ministerio de Salud Pública -en adelante M.S.P.- condenándolo a proporcionar al Sr. AA el fármaco OMALIZUMAB en los términos y condiciones indicados por su médico tratante, en plazo de 24 horas. 2- Contra dicho dispositivo, oportunamente el M.S.P. interpuso recurso de apelación, abogando por la revocatoria de la sentencia por las razones expuestas a fs. 64 y ss. 3- Sustanciado dicho recurso, la parte actora evacuó el traslado en escrito de fs. 74/83, abogando por la confirmatoria de la sentencia impugnada. En dicha oportunidad promovió proceso de inconstitucionalidad de los art. 45, inciso final y 51, literal B de la Ley No 18.211; y de los arts. 7, inc. 2o y 10 de la Ley N.o 18.335. 4- Suspendidas las actuaciones y elevadas ante la Suprema Corte de Justicia, recayó Sentencia No 1628/2025 que declaró inconstitucionales el art. 7, inc. 2o de la Ley 18.335 y el art. 45, inciso final de la Ley 18.211, y en consecuencia, inaplicables a la parte actora. 5- Devueltas las actuaciones al tribunal a quo, fue franqueada la apelación, RESULTANDO: asignado este Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3o Turno. Completado el estudio por parte de los Sres. Ministros, se acordó al dictado de la presente decisión.

1 – Por el número de voluntades requerido por la ley (art.61 inc. 1 de la LOT), en la ocasión por unanimidad de sus integrantes, el Tribunal habrá de confirmar la recurrida, por compartir sus fundamentos en lo que dirá, sin especial condena procesal en la instancia. 2 – El embate crítico desarrollado por el recurrente se encuentra encaminado a cuestionar la impugnada en cuanto: i) No se habría configurado la ilegitimidad manifiesta requerida por la Ley 16.011, pues el M.S.P. actuó dentro del marco normativo vigente, mientras que no tiene a su cargo los cometidos de dispensación directa de medicamentos a la población. ii) Y sostuvo asimismo que la sentencia impugnada no tuvo en cuenta que en el caso estamos ante un fármaco incluido en el F.T.M. para la patología del actor, y que la legislación vigente no establece el deber de suministrarlos. iii) También entiende que el a quo incurrió en una incorrecta valoración de la prueba respecto a la insuficiencia de recursos económicos de la parte actora para solventar su tratamiento. 3 – El agravio relativo a que no se habría configurado en el caso ‘ilegitimidad manifiesta’ en la actuación del M.S.P. no resulta de recibo pues, entiende la Sala que el referido requisito (ilegitimidad manifiesta) debe ser interpretado sin reduccionismos o angostamientos apresurados, en sintonía con la finalidad protectora del goce de los derechos humanos que inspiran la ley de amparo y la directrices axiales trazadas por la Constitución Nacional. 4 – Y en función de ello, se considera que en el subexámine, se ha verificado la mencionada ilegitimidad manifiesta, en la medida que resultó acreditada la patología que afecta (a sus 48 años de edad) al Sr. AA (poliposis nasal), así como la pertinencia y necesidad (desde el punto de vista científico y médico) del tratamiento indicado para mejorar su situación clínica y aliviar su enfermedad. Y a pesar de ello, se le niega el acceso al tratamiento indicado, alegándose por el M.S.P., que el derecho de las personas al acceso a fármacos se encuentra limitado a aquellos registrados e incluidos en el F.T.M.. 5 – Tal como lo ha sostenido esta Sala en anteriores pronunciamientos, ante la falta de argumentos de índole científica, que legitimen la negativa del M.S.P. a suministrar un fármaco indicado como la única alternativa existente para aliviar la enfermedad y mejorar la calidad de vida de una persona, la misma deviene infundada y por lo tanto arbitraria; importando un incumplimiento del deber prestacional de asistencia en salud, impuesto por normativa constitucional y por múltiples Tratados internacionales sobre Derechos Humanos, en protección de derechos esenciales tales como: la vida, la salud, la dignidad y la calidad de vida (arts. 7o, 44, 72, 82 y 332 de la Constitución; arts. 3, 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 9, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales más arts. 3 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -ratificados por la Ley No. 13.751-; arts. I y XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -ratificada por el art. 15 de la Ley No. 15.737-; arts. 9 y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -ratificado por la Ley No. 16.519-). 6 – En efecto, entiende el Tribunal que la negativa del demandado M.S.P. implica privar al accionante del tratamiento que consiste en su mejor alternativa terapéutica existente, determinando que deba seguir sometiéndose a procedimientos quirúrgicos y tratamiento con corticoides el cual no tiene enfoque curativo; todo lo cual puede evitarse con el suministro del fármaco reclamado, conforme lo declarara el distinguido médico tratante, Dr. Alberto Algorta. En cambio, si accede, tiene la probabilidad de aliviar su enfermedad y mejorar su calidad de vida y obtener dichas mejoras perseguidas con el tratamiento reclamado. Y no existen ‘razones’ debidamente fundadas (en criterios médicos o científicos) que impidan proteger el derecho constitucional a la salud del accionante, en grave riesgo de afectación si no se somete en esta oportunidad al tratamiento indicado por el médico interviniente. 7 – La ilegitimidad manifiesta surge de la propia conducta del M.S.P. cuando deniega al paciente un medicamento que, según la prueba aportada, resulta claramente beneficioso, bajo pretexto de la aplicación de normas legales (erróneamente interpretadas) o aún reglamentarias, (como es la inclusión o no en el F.T.M.), pero omite la aplicación de normas de rango superior, y de múltiples Tratados universales y regionales de Derechos Humanos, que poseen eficacia directa, son autoejecutables, y tienen especial incidencia en la interpretación de las normas infraconstitucionales que invoca (las que deben ser interpretadas conforme a la Constitución y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos). 8 – En fin, entiende la Sala que el Estado, a través del Ministerio de Salud Pública (encargado de preservar la salud de los habitantes del país), está obligado constitucionalmente (art. 44 inc. 2 CN y múltiples Tratados de Derechos Humanos ratificados por el país que abordan la cuestión) y legalmente (Ley 9.202) a proteger el Derecho a la salud; a la vida; a una mejor calidad de vida; a una sobrevida digna, etc, de los habitantes del país. Y está asimismo obligado a asegurar a los pacientes carentes de recursos suficientes, los medios de prevención y asistencia necesarios. 9 – Así las cosas, considera el Tribunal, que la circunstancia de que el fármaco en cuestión no se encuentre incluido en el F.T.M. no determina que deba negársele su suministro pues -como señala Van Rompaey-, en la ponderación entre los derechos constitucionales, principios y valores que están en juego, parece razonable concluir que la actuación judicial en la protección del derecho constitucional a la salud, no puede quedar supeditada a la satisfacción de requisitos reglamentarios o burocráticos (‘Reflexiones sobre el derecho a la salud y su judicialización’, Revista Judicatura Tomo 52, págs. 149 y 150). Postura ésta que ha sido claramente recogida por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia (sents. Nos. 75/2021 y 135/2021 entre muchas otras). 10 – Tampoco resulta de recibo el agravio respecto a que no se valoró correctamente la insuficiencia de recursos económicos del actor para solventar el tratamiento. Resulta acreditado y no fue controvertido el costo del medicamento reclamado, el cual supera los ingresos que percibe el actor, tal y como surge de la prueba documental aportada a la demanda consistente en el recibo de sueldo y certificado notarial obrantes a fs. 19/20; mientras que la declaración jurada de ingresos y egresos de su cónyuge obrante a fs. 49/50 no permite afirmar lo contrario. 11 – En tal sentido, el Tribunal entiende que la protección constitucional en materia de acceso a las prestaciones de salud no solo resulta aplicable ante la actual indigencia o carencia de recursos suficientes; sino también ante aquellas personas que, en atención al costo del tratamiento, no pueda entenderse que la suficiencia de recursos para cubrir su costo por tiempo indefinido. 12 – Como anota Van Rompaey: “la utilización en el inciso 2 del artículo 44 de la Carta de la conjunción disyuntiva ‘o’ entre los vocablos ‘indigentes’ y ‘carente de recursos’ implica la diferencia o contenido significativo diverso entre los dos grupos de personas a que hace referencia la norma, descartándose la idea de equivalencia o sinonimidad”. (‘Algunas reflexiones sobre el derecho a la salud y su judicialización, Rev. Judicatura, t. 52, agosto 2012, p. 150) 13 – En otros términos, la titularidad activa de la obligación asistencial en examen no depende o está condicionada a la pobreza extrema o absoluta ausencia de recursos del beneficiario, sino a la insuficiencia de ingresos para solventar el costo del medicamento prescripto para el tratamiento de su enfermedad; circunstancia ésta que -en el caso en examen y en el marco de la estructura sumaria del amparo, de acuerdo a lo prenotado sobre el tratamiento indicado- resultó demostrada. La conducta de las partes ha sido correcta (arts. 688 del Código Civil y art. 261 del C.G.P.), en razón de lo cual no se impondrá especial condenación en costas y costos. 14 – Por los fundamentos expuestos, normativa invocada, y arts. 197, 198 del C.G.P el Tribunal

Desestímase el recurso de apelación formulado en todos sus términos. Sin especial condenación. Honorarios fictos 10 B.P.C. Notifíquese personalmente. Oportunamente, devuélvase con copia para la Sra. Juez ‘a quo’. Dra. Claudia Kelland – Ministra Dr. Fernando Tovagliare – Ministro Dr. Gustavo Iribarren – Ministro Esc. Laura Pérez – Secretaria Letrada