AA C/ MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y OTRO - AMPARO

Para dictado de Sentencia Definitiva en segunda instancia, los presentes autos caratulados: “AA C/ MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y OTRO - AMPARO”, I.U.E 2-94132/2025, venidos a conocimiento de este Tribunal, en mérito al recurso de apelación interpuesto por las partes codemandadas M.S.P. y F.N.R., contra la Sentencia Definitiva N° 95/2025, dictada por la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 17o Turno.

1 - Por la sentencia impugnada No 95/2025 se acogieron las excepciones de falta de legitimación pasiva interpuestas por los codemandados: i) Fondo Nacional de Recursos, respecto de la droga Pemetrexed, y ii) por el M.S.P. respecto del fármaco Pembrolizumab. Asimismo, se hizo lugar parcialmente lugar a la demanda, condenándose al Ministerio de Salud Pública suministrar el fármaco Pemetrexed y al Fondo Nacional de Recursos, a suministrar el fármaco Pembrolizumab, de acuerdo a las indicaciones del médico tratante y por todo el tiempo éste lo indique, en el plazo de 24 horas, bajo apercibimiento de astreintes (fs. 286). 2 - Contra dicha sentencia, interpusieron recurso de apelación los codemandados M.S.P. (fs. 303 y ss.) y F.N.R. (fs. 299 y ss.) quienes por las razones explicitadas en sus respectivos recursos abogaron por la revocatoria de la sentencia impugnada. 3 - Sustanciados dichos recursos, al evacuar el traslado conferido, la parte actora promovió proceso de inconstitucionalidad por vía de excepción, respecto a los art. 45, inciso final y 51, lit B de la Ley 18.211; y arts. 7, inc. 2o y 10 de la Ley 18.335. 4 - Suspendidas las actuaciones y elevados los autos ante la S.C.J., recayó Sentencia No 1552/2025 que declaró la inconstitucionalidad del art. 45, inciso final de la Ley 18.211 y del art. 7, inc 2o de la Ley 18.335, y en consecuencia su inaplicación en el presente caso (fs. 335). 5 - Tal como surge de autos, fue franqueada la apelación, RESULTANDO: asignado este Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3o Turno. 6 - Pasaron a estudio de los Sres. Ministros, acordándose la presente decisión, designándose redactor al Sr. Ministro Dr. Fernando Tovagliare.

1 – La Sala, por el número de voluntades requerido por la ley (art. 61 inc. 1 de la LOT), habrá de rechazar los recursos de apelación interpuestos, por las razones que se explicitan a continuación. 2 – En lo que respecta a la APELACIÓN DEDUCIDA POR EL CODEMANDADO M.S.P., el embate crítico desarrollado por el mismo se encuentra encaminado a cuestionar la impugnada expresando en apretada síntesis que: i) no se habría configurado la ilegitimidad manifiesta requerida por la Ley 16.011, pues el M.S.P. actuó dentro del marco normativo vigente, y no fue omiso ya que cumplió con sus competencias; y ii) la sentencia impugnada no tuvo en cuenta que el derecho a acceder a medicamentos, se limita a aquellos incluidos en el F.T.M., en razón de lo cual no debió condenársele a suministrar el fármaco Pemetrexed pues el mismo no se encuentra incluido en el F.T.M.. 3 – El agravio relativo a que no se habría configurado en el caso ‘ilegitimidad manifiesta’ en la actuación del M.S.P. no resulta de recibo pues, entiende la Sala que el referido requisito (ilegitimidad manifiesta) debe ser interpretado sin reduccionismos o angostamientos apresurados, en sintonía con la finalidad protectora del goce de los derechos humanos que inspiran la ley de amparo y la directrices axiales trazadas por la Constitución Nacional. 4 – Y en función de ello, se considera que en el subexámine, se ha verificado la mencionada ilegitimidad manifiesta, en la medida que resultó acreditada la grave patología que afecta a la Sra. AA (Cáncer de Pulmón), así como la pertinencia y necesidad (desde el punto de vista científico y médico) del tratamiento indicado para mejorar su situación clínica, aliviar su enfermedad y prolongar su sobrevida (según informe y declaración del Médico Oncólogo tratante Dr. Larroca). Y a pesar de ello, se le niega el acceso al mismo, alegándose por el M.S.P., que el derecho de las personas al acceso a fármacos se encuentra limitado a aquellos incluidos en el F.T.M. y que el M.S.P. carece de competencia para suministrar directamente medicamentos a la población. 5 – Tal como lo ha sostenido el TAC 3o en anteriores pronunciamientos, ante la falta de argumentos de índole científica que legitimen la negativa del M.S.P. a suministrar un fármaco indicado como la única alternativa existente para aliviar la enfermedad y mejorar la calidad de vida de una persona, la misma deviene infundada y por lo tanto arbitraria; importando un incumplimiento del deber prestacional de asistencia en salud, impuesto por normativa constitucional y por múltiples Tratados internacionales sobre Derechos Humanos, en protección de derechos esenciales tales como: la vida, la salud, la dignidad y la calidad de vida (arts. 7o, 44, 72, 82 y 332 de la Constitución; arts. 3, 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 9, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales más arts. 3 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -ratificados por la Ley No. 13.751-; arts. I y XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -ratificada por el art. 15 de la Ley No. 15.737-; arts. 9 y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales - ratificado por la Ley No. 16.519). 6 – En efecto, entiende el Tribunal que la negativa del codemandado M.S.P. implica abandonar a la accionante a que aguarde el gravísimo pronóstico realizado por el testigo técnico Médico Oncólogo que declaró en la causa (Dr. Larroca) según el cual, el tratamiento es urgente con peligro de vida. Y no existen ‘razones’ debidamente fundadas (en criterios médicos o científicos) que impidan proteger el derecho constitucional a la salud de la accionante, en grave riesgo de afectaciónsi no se somete en esta oportunidad al tratamiento indicado por la médica interviniente. 7 – En fin, considera la Sala que el Estado, a través del Ministerio de Salud Pública (encargado de preservar la salud de los habitantes del país), está obligado constitucionalmente (art. 44 inc. 2 CN) y legalmente (Ley 9.202) a proteger el Derecho a la salud, a la vida, a una mejor calidad de vida y a una sobrevida digna, de los habitantes del país. Y está asimismo obligado a asegurar a los pacientes carentes de recursos suficientes, los medios de prevención y asistencia necesarios.Postura ésta que ha sido claramente recogida por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia (sents. Nos. 75/2021 y 135/2021). 8 – La APELACIÓN INTERPUESTA POR EL CODEMANDADO F.N.R., se encuentra encaminada a cuestionar la sentencia impugnada en cuanto rechazó la defensa de falta de legitimación pasiva invocada por éste y le condenó a suministrar el fármaco Pembrolizumab, sin advertir que en el caso no se verificó ilegitimidad manifiesta alguna en su actuación (denegatoria de la cobertura solicitada), sino que se trató de una actuación ajustada a sus competencias legales, que lo limitan a otorgar cobertura de fármacos expresamente incluidos en el F.T.M. y de acuerdo a la normativa de cobertura, no siéndole exigible el deber prestacional del art. 44 de la Constitución. 9 – A criterio de la Sala los agravios esgrimidos por el F.N.R. no resultan de recibo en la medida que el fármaco en cuestión se encuentran incluido en el F.T.M. con cobertura a cargo del F.N.R. no RESULTANDO: admisible que la resistencia a la prestación por parte del F.N.R. pueda quedar fundada en distinciones administrativas que carecen de respaldo médico científico que lo justifiquen. 10 – Como ha señalado esta Sala en anteriores pronunciamientos: "... no puede hablarse en grado alguno, como pretende la recurrente, de la inexistencia de ilegitimidad manifiesta ya que se trata de un medicamento que se encuentra cubierto por el F.N.R. para enfermedades oncológicas que es rechazado por motivos formales ... En el caso claramente se vulneran tales derechos en forma irrefragable ya que el paciente y el médico acordaron un tratamiento, dentro de los previstos por la autoridad sanitaria correspondiente, no obstante lo cual el F.N.R. se niega a proporcionar un medicamento que él mismo acordó financiar. Se vulnera claramente el principio de igualdad en la ley ya que se establece una discriminación injusta y carente de sentido al privar al actor de los derechos consignados anteriormente. ... El acto médico debe estar en conformidad con los conocimientos científicos reconocidos o aceptados al momento de que se trate. La diferencia de criterios técnicos existente entre el médico tratante y los médicos integrantes del F.N.R. no puede privar al reclamante de los derechos constitucionales y legales que el ordenamiento jurídico le confiere. De admitir tal posibilidad estaríamos no solo asignándole a las mencionadas autoridades un poder del que claramente carecen sino también legitimando la violación de los derechos constitucionales que la Carta magna le garantiza (artículos 7, 8, 10 y 44 de la Constitución). ...” 11 – A la luz de tales criterios, encontrándose el medicamento bajo cobertura del F.N.R. debe suministrarlo, sin que para ello resulte necesario ingresar aquí en consideraciones sobre el alcance del art. 409 de la ley 19.889. 12 – La conducta de las partes ha sido correcta (arts. 688 del Código Civil y art. 261 del C.G.P.), en razón de lo cual no se impondrá especial condenación en costas y costos. Por los fundamentos expuestos, normativa invocada, y arts. 197, 198 del C.G.P el Tribunal

1o - Desestimando los recursos de apelación interpuestos. 2o - Sin especial condenación. Honorarios fictos 12 B.P.C. 3o - Oportunamente devuélvase con los trámites de estilo. Dra. Claudia Kelland - Ministra Dr. Gustavo Iribarren - Ministro Dr. Fernando Tovagliare - Ministro Esc. Laura Pérez - Secretaria Letrada