Sent. 153/2026 - Tribunal Apelaciones Civil 4ºTº - 2026-05-07

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I.- Se apela en autos la sentencia No. 133 de fecha 30 de diciembre de 2025 dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 15o Turno a cargo del Dr. Federico Tobía por la cual se amparó la demanda promovida contra el Ministerio de Salud Pública (MSP) y en su mérito se condenó a suministrar a la parte actora el medicamento ALECTINIB en el plazo de 24 horas hábiles a partir de la presentación de la receta médica correspondiente. Desestimó la demanda respecto del Fondo Nacional de Recursos (FNR) sin especial condenación en la instancia (fs. 65 vto.). II.- La representante del MSP interpuso el correspondiente recurso de apelación por entender que no actuó con ilegitimidad manifiesta, discrepa con la recurrida, su parte creó el Sistema Nacional Integrado de Salud dando cumplimiento a lo establecido por el artículo 44 de la Constitución por lo que mal puede reprocharse conducta ilegítima alguna. No tiene como cometido suministrar medicamentos sino delinear las políticas de salud en el marco legal que cita (ley 17.930, 18.211, decretos reglamentarios) y es ASSE la prestadora estatal de Salud. La prestación reclamada no está incluida en el FTM para la patología de la actora y

I.- Que se confirmará la recurrida por lo que se dirá. II.- Sobre los derechos tutelados en casos como el presente y la existencia de derecho subjetivo de quien acciona, debe señalarse que conforme lo ha señalado la jurisprudencia se debe partir del reconocimiento de la existencia del derecho fundamental a la protección de la salud de las personas; que éste debe ser puesto en práctica por el Estado a través de todos los medios disponibles y en beneficio de todas las personas; que se debe garantir el igual acceso de cada persona a los cuidados necesarios de acuerdo con su estado de salud, a la continuación de los cuidados y a la mayor seguridad sanitaria posible. Tales derechos conforman la legalidad en sentido amplio del Estado constitucional de derecho como normas sustanciales y al igual que el principio de igualdad y otros derechos fundamentales, de modo diverso limitan y vinculan al poder administrador, excluyendo o imponiéndole determinados contenidos en su accionar reglamentario(LJU c. 138060). Y cabe recordar con LARENZ (Der. Civil, Parte General, p. 254 y ss, Jaen, 1978) que a los derechos subjetivos les corresponden necesariamente deberes, limitaciones o vinculaciones jurídicas de otras personas o de todas las demás; el derecho subjetivo es equiparado con la posibilidad de su imposición mediante la acción, concluyendo que si la persona tiene un derecho subjetivo a ese bien, ello significa que éste le corresponde conforme a derecho. La ilegítima insatisfacción de un derecho subjetivo no es lesión de interés legítimo, sino violación de un derecho subjetivo para cuya protección procede acudir al Poder Judicial mediante acciones declarativas o de condena (Cf. CASSINELLI, El interés legítimo como situación jurídica garantida en la Constitución Uruguaya, Estudios en Homenaje al Prof. Sayagués Laso, p. 283 y ss.). III.- Observa el Tribunal que en las contestaciones de la demanda no se advierte controversia específica en cuanto a la corrección de la prescripción médica que realizara el médico tratante (Dra. Valentina Reyes) de la parte actora que a la fecha tiene 66 años que se atiende en la MEDICA URUGUAYA. Debe señalarse que se encuentra fuera de la discusión la patología que tiene CÁNCER DE PULMÓN ALK+ diagnosticado en el mes de julio del año 2025 en oportunidad del control preoperatorio de la prótesis de rodilla. Se le realizó tratamiento quirúrgico y de acuerdo a los estudios posteriores se le indicó como tratamiento adyuvante recibir el medicamento ALECTINIB. El medicamento pedido se encuentra registrado pero no incluido en el FTM para la patología de la parte actora. El costo del medicamento requerido asciende a más $ 190.809 más impuestos y la actora carece de recursos, percibe $ 22.279 mensuales como jubilada. No se controvirtió la prescripción ordenada por el facultativo que lo trata, ni la utilidad del medicamento pedido lo que así quedó ratificado en la audiencia de precepto. La prueba que avala la necesidad de lo reclamado, resulta de la documental agregada debidamente relacionada en el primer grado que da cuenta de la enfermedad padecida y sus consecuencias. En suma, de la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica (artículo 140 y concordantes CGP) se puede concluir más allá de toda duda razonable de la necesidad del abordaje terapeutico pedido. IV.- Establecido lo anterior es que corresponde analizar los agravios de la demandada MSP los cuales, en la posición del Tribunal, no son de recibo. El Tribunal cuenta con jurisprudencia reciente respecto del medicamento pedido por la misma patología de la actora (sentencia 306/2024 entre otras en BJN) en la cual se confirmó la condena al MSP a brindar el medicamento pedido con fundamento en el artículo 44 de la Constitución y Pactos Internacionales a la cual cabe remitirse y tener por reproducida en la presente. El Tribunal mantiene su posición de larga data en la cual se desestimaron las defensas del MSP en términos que deben tenerse por reproducidos y formando parte de la presente (con remisión expresa al caso citado en forma previa que hace a la misma patología y circunstancias). Sin perjuicio de lo cual, debe recordarse, que la resolución administrativa frente a la petición del medicamento debió adecuarse a las normas de jerarquía superior priorizando el derecho a la salud y respetando la prescripción médica (salvo error o absurdo evidente de la misma, lo que no es del caso como antes se relacionó) ya que sabido es que todo acto administrativo debe desenvolverse de acuerdo la Constitución y la Ley donde toda violación de las mismas o de los principios que las informan, invalida el reglamento y el juez debe desaplicarlo. Además en el caso, la Suprema Corte de Justicia declaró inaplicable a la parte actora los artículos en los cuales se funda la demandada MSP para negar la cobertura. Tampoco corresponde invocar para negar la prestación la eventual incidencia de las sentencias de condena en el presupuesto de la cartera lo que no pasa, a juicio del Tribunal, de una mera alegación sin prueba que pueda esgrimirse para negar la tutela del derecho reclamado. En definitiva la negativa del MSP al suministro del medicamento no incluido en el FTM de su cargo para la patología resulta ilegítima en forma manifiesta por lo que se confirmará la recurrida a su respecto. V- En cuanto a la apelación de la actora que fuera, conforme ella misma se encarga de invocar, a título de ?agravio eventual ?por la desestimación de la demanda, en la medida que se confirma la condena del MSP, el Tribunal considera que no corresponde abordarla. Además en la posición que tiene, la solución dada en el primer grado se entiende correcta y ajustada a derecho ya que el medicamento está incluido para otra patología que no es la de la actora por decisión del MSP lo que se entiende como hecho probado no controvertido. VI- Costas y costos de la presente instancia por su orden (arts. 56 y 261 [red. L. 16699] CGP y 688 C. Civil). Por los expresados fundamentos y normas citadas, el Tribunal, FALLA: Confirmase la recurrida sin especial condena en la instancia. Notifíquese personalmente y oportunamente, devuélvase con copia en la forma de estilo para el Señor Juez Letrado A Quo (honorarios fictos 3 bcp). Dra. Mónica Besio Ministra Dr. Guzmán López Ministro Dr. Álvaro França Ministro Esc. Adriana León Secretaria

no se la puede condenar a suministrarlo ya que no es un órgano dispensador de medicamentos. Finalmente relevó la incidencia de las sentencias de condena en el presupuesto de la cartera y en definitiva solicitó se revocara la recurrida se desestime el amparo a su respecto (fs. 74 vto.). III.- La parte actora interpuso el recurso de apelación por la desestimación de la demanda respecto del FNR por entender que debe también ser condenado con el MSPEl agravio fue calificado por la parte como ?agravio eventual ? y POR TANTO: solicitó se revocara parcialmente la demanda (fs. 81 vto.). IV.- La recurrencia fue sustanciada en debida forma y la parte actora interpuso la excepción de inconstitucionalidad contra el artículo 7 inciso 2 y el artículo 10 de la ley 18.355 y el inciso final del artículo 45 y el artículo 51 literal B de la ley 18.211(fs. 86). V.- El proceso fue suspendido y remitido a la Suprema Corte de Justicia a tales efectos, la cual de conformidad con lo dispuesto por el artículo 519 CGP declaró, por mayoría – con discordias parciales -, inconstitucional el artículo 7 inciso 2 y el inciso final del artículo 45 la ley 18.211 y desestimó lo demás (fs. 103/104). VI.- Con fecha 4 de mayo del corriente se concedió la alzada para ante éste Tribunal. Los autos fueron recibidos con fecha 5 del mismo mes. Realizado el estudio en la forma de estilo se celebró el acuerdo correspondiente procediéndose al dictado de la presente designándose redactor.