AA c/ MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y OTRO- AMPARO

Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “AA c/ MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y OTRO- AMPARO” – IUE: 2-15690/2026 , venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia definitiva Nº 30/2026 del 19 de marzo del 2026 de fs. 98/103, dictada por el Sra. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 5º Turno, Dr. Juan J. Benitez Caorsi.

1. Por la sentencia recurrida – a cuya relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión por ajustarse a las resultancias de autos – se desestimó la pretensión in totum, sin especial condenación, 2. Contra la referida providencia, se alzó en tiempo y forma la parte actora, quien en escrito de fs. 123/126 manifestó que la recurrida incurre en una errónea y arbitraria valoración de la prueba producida en autos, particularmente en lo que refiere a la declaración de la médica tratante y a la configuración del requisito de urgencia arribando a conclusiones que no solo resultan desacertadas, sino también contradictorias con la evidencia clínica efectivamente incorporada al proceso. Respecto a la declaración de la galena, expresa la apelante que el decisor construye su razonamiento descontextualizado y, en definitiva, incorrecto de la declaración de la profesional tratante, desatendiendo el contenido integral de su testimonio. Las preguntas realizadas en audiencia por las letradas de la contraparte, no tuvieron como finalidad esclarecer el cuadro clínico de la paciente, sino que evidencian un claro sesgo orientado a generar confusión, trasladando a la médica categorías y exigencias propias del razonamiento jurídico que le son completamente ajenas. Se trató de interrogantes que lejos de procurar precisión técnica, buscaron inducir respuestas que luego pudieran ser utilizadas en forma aislada para sostener la inexistencia de urgencia. Agrega que no puede perderse de vista que la médica tratante no es operadora jurídica ni está obligada a expresarse en términos procesales o a encuadrar sus respuestas dentro de los estándares del proceso de amparo. Aun cuando en algún pasaje de su declaración la profesional no haya sido lo suficientemente precisa en términos cronológicos -por ejemplo no recordar con exactitud la fecha de última internación-, ello no puede ser utilizado en contra de la amparista ni erigirse como fundamento para descartar la urgencia, máxime cuando si fue categórica en el aspecto central: la necesidad actual de tratamiento. La médico respondió que el procedimiento debe realizarse cuanto antes. Esta afirmación fue desatendida por el sentenciante. No es razonable además suponer qué ante la primera evaluación de un paciente con patología compleja, el profesional defina de manera inmediata el tratamiento más adecuado sin antes haber agotado las instancias diagnósticas necesarias. La práctica médica impone, en primer lugar, la identificación de las alternativas terapéuticas disponibles y posteriormente, la determinación de cuál de ellas resulta más conveniente, lo que exige la realización de estudios complementarios, valoraciones funcionales, análisis de riesgo y en situaciones como la de autos, incluso la consulta y validación por equipos especializados, incluyendo instancias de evaluación en el exterior. Culminados los estudios, se realizó la indicación el día 24 de febrero de 2026. Por otro lado, sostiene que la sentencia incurre en error conceptual, al considerar que la existencia de un lapso temporal entre las primeras evaluaciones y la indicación formal del procedimiento desvirtúa la urgencia del caso. Dicha aseveración desconoce por completo la naturaleza del proceso clínico, especialmente en patologías cardiológicas progresivas. En materia de salud, la urgencia no es un fenómeno estático ni instantáneo, sino dinámico: no desaparece con el paso del tiempo, sino que se agrava. Cada día de tratamiento no neutraliza el riesgo, sino que lo incrementa, deteriorando progresivamente la calidad de vida de la paciente y reduciendo sus posibilidades terapéuticas. Asimismo, las cotizaciones no constituyen actos médicos ni reflejan decisiones clínicas, sino meros instrumentos administrativos, muchas veces utilizados como referencia en diversos casos. De hecho, la gravedad del cuadro es tal, que ni siquiera se pidieron nuevas cotizaciones para no dilatar el procedimiento. El decisor se basó en elementos manifiestamente irrelevantes -como la precisión respecto a la fecha de la última internación- soslayando que la urgencia no depende de ese tipo de circunstancias, sino de la indicación de la médica actual y de la evolución propia de la patología. Finalmente, agrega que existe un elemento de especial relevancia que ha sido completamente soslayado, que la actora es una persona adulta mayor. La amparista cuenta con 80 años de edad, lo que la sitúa en una zona de protección jurídica reforzada; el derecho a la salud de las personas mayores debe ser interpretado con un estandar más exigente de tutela. Lejos de aplicar este estandar, la sentencia parece sugerir implícitamente que la edad de la paciente relativiza la necesidad del tratamiento, lo que resulta jurídicamente inadmisible. La edad avanzada no puede operar como un factor de exclusión en el acceso a las mejores opciones terapéuticas disponibles. Aunque el tratamiento no tenga como finalidad extender significativamente la expectativa de vida, subsiste -con igual intensidad- el derecho a mejorar la calidad de vida, aliviar los síntomas y evitar sufrimientos innecesarios, tal como lo expresó la Dra. Nobile en su declaración. 3. El codemandado Fondo Nacional de Recursos evacuó el traslado de la apelación conferido en escrito de fs. 131/132 manifestando que coincide con la decisión de primera instancia y con la contestación de la demanda, hizo notar que no surge informe que acredite que la actora no puede ser sometida a una cirugía común; tampoco surge qué síntomas tenía, por cuánto tiempo los tuvo y cuál será su expectativa de vida luego de este procedimiento, dado que hablamos de una persona de 79 años. Ello

además que se solicita un procedimiento cuyo precio asciende a USD 172.000. Además, surge de la historia clínica que empezaron a evaluar a la actora para realizarle este procedimiento en noviembre de 2025, promoviendo el amparo recién en marzo de 2026, lo que evidencia que no cumple con la urgencia o inminencia establecida en la ley N°16.011. 4. Franqueada la alzada por decreto Nº 856/2026 del 14 de abril de 2026 (fs. 134), se asignó esta Sala (fs. 138) y recibidos los autos en el tribunal el 15 de abril de 2026 (fs. 139), se procedió al estudio de precepto. Puestos al Acuerdo y reunido el número de votos suficientes, se procede al dictado de sentencia. CONSIDERANDO: I. La Sala, por unanimidad de votos de sus integrantes naturales (art. 61 de la Ley Nº 15.750), habrá de revocar la sentencia de primera instancia, en mérito de los fundamentos que a continuación se expondrán. II. Cabe indicar, con carácter previo, respecto al escrito presentado por el Ministerio de Salud, que los argumentos alegados no se compadecen con lo ventilado en autos. Se arguye respecto a medicamentos, cuando lo solicitado es un dispositivo de válvula mitral; apela cuando la sentencia no le causa agravios; y se hace mención a una sentencia dictada el día 20 de marzo de 2026, cuando la sentencia de autos fue dictada el día 19 de marzo de 2026. Entiende este Tribunal entonces que el escrito agregado lo fue por error, que inhibe a la Sala de su consideración. III. Agravios de la parte actora La Sala no coincide con el Sr. juez “ a quo”, destacando que tiene posición constante expuesta en numerosos fallos precedentes, en situaciones de solicitud de amparo de tratamientos de alto costo no incluidos en el PIAS, entendiendo que corresponde la condena al Ministerio de Salud, por lo que se revocará la sentencia dictada en Primera Instancia en este sentido. Atento a que la sentencia apelada determina en definitiva la falta de urgencia en el caso, corresponde ingresar al estudio de la prueba diligenciada en autos, a efectos de conocer si existieron actos preparatorios del presente amparo. En efecto, surge de autos que la actora es una paciente de 80 años que padece insuficiencia mitral. Surge de pista de AUDIRE, que la médico que ahora la asiste, Dra. Natalia Nobile, médico general y Cardióloga, manifestó que la Sra. AA tiene una deficiencia mitral severa y que atento al riesgo quirúrgico, se desaconseja la realización de una cirugía tradicional; esto atento a la edad y la insuficiencia cardíaca que padece, presentando disfunción del ventrículo izquierdo. Agrega que este abordaje tiene aval científico y de las guías internacionales. Declaró además que el tratamiento debe realizarse lo antes posible. Consultada respecto a cuándo indicó el tratamiento a la actora, expresó que la vio en octubre o noviembre del año pasado y que le indicó el tratamiento que ahora se solicita. Detalla que la expectativa de vida de la paciente se ve determinada por la insuficiencia cardíaca que padece y que el tratamiento reduciría sus síntomas, las internaciones y podría mejorar su insuficiencia cardíaca. Finalmente, señala que es una paciente con síntomas permanentes y que vive con disnea por falta de aire. Asimismo, de la prueba documental diligenciada en autos, surge de la historia clínica aportada por la parte actora en pendrive, que la amparista concurrió a consulta médica el día 29/10/2025 donde se le indicó el tratamiento ahora reclamado en contexto de la consulta médica. A fs. 21 surge presupuesto proveniente de “Bio Salud” donde se informan costos del dispositivo y sistema liberador de Clip para insuficiencia Mitral fechado 06 de noviembre de 2025. Surge a fs. 13, informe de los médicos Dres. Natalia Nobile, Sebastián Albistur y Víctor Dayan, solicitud cursada al Ministerio de Salud donde se establece la indicación del tratamiento y se señala que se discutió el caso en el contexto del Heart Team, no pudiendo descartarse que el tiempo que intermedió entre la indicación intra consulta y la solicitud formal, no haya sido ocupada por ese tiempo de intercambio entre médicos, fechado 24 de febrero de 2026. Surge además a fs. 23 documento en el que se informa el costo de utilización de la sala de intervencionismo cardiovascular e internación para realizar la intervención, fechado 06 de marzo de 2026. A criterio de esta Sala todos esos actos configuran un iter preparatorio de la solicitud del presente amparo, el que consistió de varios pasos y entre los que no median excesivos plazos de inactividad. Resultan completamente trasladables al presente caso, entonces, por tratarse de un caso análogo de la solicitud de otro procedimiento requerido que tampoco estaba incluido en el PIAS, los fundamentos vertidos en sentencia de esta Sala Nº 344/2025, en donde se sostuvo: “ El MSP alegó que no había existido omisión de su parte porque no estaba obligado a suministrar tratamientos que no se encuentran incluidos en el PIAS, cuyo proceso de actualización se había iniciado por reciente Ordenanza Nº 1183 de diciembre de 2018, en el que habían participado las distintas cátedras de la Facultad de Medicina de la UDELAR, las asociaciones de usuarios de las más diversas patologías, el FNR y el MEF, y que el tratamiento reclamado no había sido solicitado.- Y bien, esa defensa es absolutamente inaceptable. En primer término, y a estar a lo señalado en el libelo de apelación, en el “Informe de la División de Evaluación Sanitaria del MSP de fecha 11/11/2020 se señala que consultada esa División en cuanto a la solicitud de inclusión (en el PIAS) hasta junio de 2010, no se encuentra en la misma el producto solicitado”, por lo cual tal consulta nada informa, pues si bien fue realizada en noviembre de 2020, la información requerida fue hasta junio de 2010. En segundo término, y como se sostiene en reciente Sentencia del TAC 3º, que la Dra. Venturini integró, de fecha 19 de agosto de 2019, autos caratulados: VICENTE RODRÍGUEZ, ANA KARINA C/ MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y OTRO- AMPARO- IUE 2-27059/2019 “Por otra parte, no explica el recurrente cómo lo pretendido por la amparista -una sola paciente sin recursos suficientes- podría involucrar la “sustentabilidad del sistema”, dado que en el caso la cuestión litigiosa no versa sobre incluir o no el medicamento en cuestión en el F.T.M.”, y en el caso el tratamiento en cuestión.” Asimismo, en reciente sentencia Nº 271/2022, la Sala, en su actual integración, y tratando un caso análogo de solicitud de otro procedimiento de tratamiento cardíaco que tampoco estaba incluido en el PIAS, en fundamentos trasladables al presente caso en virtud de su analogía, se sostuvo: “corresponde transcribir lo señalado en la discordia de la redactora y de la Dra. Claudia Kelland a la Sentencia de esta Sala Nro. 154/2020, para un supuesto de solicitud de este mismo procedimiento TAVI y por el mismo tipo de patología que presenta el accionante. Allí se señala: “DRAS. BEATRIZ VENTURINI PARCIALMENTE DISCORDE Y DRA. CLAUDIA KELLAND DISCORDE por cuanto entendemos que corresponde revocar la recurrida en cuanto no condenó al MSP y, en su lugar, amparar la acción de amparo, según los fundamentos que pasamos a exponer: III. I) Es de verse que, según surge de la demanda, el actor es un paciente de 85 años, padece estenosis valvular aórtica severa, y su equipo médico tratante descartó la cirugía convencional por el alto riesgo en el caso se indicó implante percutáneo valvular aórtico (TAVI), que reclamó en el presente, y ello conforme el informe que luce a fs. 2 de fecha 26 de junio de 2020. Surge de la Historia Clínica, también incorporada por el actor (fs. 2 a 63) que en consulta con la Dra. Victoria Gutiérrez del 24/07/2019 se asentó “Estenosis aórtica severa a moderada” (fs. 20), y que en las consultas del 22/05/2020 se asienta: “paciente en vista a coordinar método de SVA dado que se planteó en un momento TAVI se informará telefónicamente conducta una vez valorada por el equipo de cirujanos en Sanatorio Americano”, así como en la consulta del 22/6/2020 en resumen de historia clínica se indica: “…disnea de esfuerzo clase funcional III de meses de evolución, actualmente a mínimo esfuerzo… Se solicita SVA percutánea (TAVI)…” fs. 21. Finalmente, el ateneo médico plenario del Centro Cardiológico Americano concluye, en la fecha ya referida, que es el procedimiento TAVI el que permitirá resolver la patología de su enfermedad valvular aórtica a través de un procedimiento de menor riesgo de muerte y otras complicaciones asociadas, mejorando el pronóstico vital inmediato y alejado… único método recomendado para el paciente ya que

íntegramente su patología con un riesgo aceptable. Este procedimiento debería ser realizado a la brevedad posible dada la situación de riesgo del paciente, siendo las complicaciones principales de esta valvulopatía la muerte súbita y la progresión a insuficiencia cardíaca grave” Asimismo, se señala que el formulario de petición ante el MSP que luce a fs. 107 fue completado y firmado con fecha 18 de marzo de 2020 y presentado con fecha 29 de junio del mismo año. Y, finalmente se releva que según nota de cargo de fs. 95 vto., la demanda en los presentes fue presentada el 30 de junio pasado. De todo lo anterior surge que el proceso de diagnóstico y determinación de la conducta a seguir por los médicos tratantes, como se señala en el libelo de agravios debe partir de la opinión final del ateneo referido, y el accionante en espera de tal pronunciamiento y con toda diligencia suscribe el formulario respectivo el 18 de marzo, siendo la presentación del accionamiento sólo cuatro días posterior al informe del Ateneo ya referido. Lo que viene de decirse, respalda la afirmación de la parte actora apelante en el sentido que nos encontramos ante la lesión actual, que su parte padece dada la evolución de la enfermedad, lo que es corroborado por la declaración del único testigo Dr. Jorge Mayol que corrobora que se trata de un paciente de Salto, atendido originariamente por la Dra. Victoria Gutiérrez, y las condiciones por las cuales el procedimiento solicitado es el único adecuado para el paciente. III. II) Además, es del caso recordar la posición, en mayoría, expuesta en numerosos fallos precedentes de la Sala de 1º Turno. Así en sentencia Nº 83/2017 sostuvo que: “… , la Dra. Alicia Castro en posición que comparte la redactora, señala: “VI. Por último, la redactora de este fallo cree necesario puntualizar que la solicitud del actor para que el Estado le proporcione el medicamento es bien diferente de una eventual solicitud de que el Estado incluya ese fármaco en el Formulario Terapéutico de Medicamentos, que fue lo que pidió el Laboratorio Roche y que motivó la denegatoria de quien es competente para decidir la política sanitaria del Sistema Nacional Integrado de Salud. En cambio, cuando un juez dispone una medida de amparo en un caso concreto y ordena al Estado que haga algo para proteger un derecho fundamental de una persona en particular, no está interfiriendo indebidamente en el diseño e implementación de la política sanitaria, que no es modificada porque, indiscutiblemente, es competencia de otro sistema orgánico. No se trata de una decisión política ni se funda en consideraciones de utilidad o conveniencia, sino que procura la tutela efectiva de un derecho que aparece ilegítimamente conculcado. Se trata de que el art.44 in fine de la Constitución Nacional impone al Estado Uruguayo la obligación de suministrar medios de asistencia “a los indigentes o carentes de recursos suficientes” (art.44 inc.2) y, en el caso, no se ha cuestionado la alegada insuficiencia de medios económicos del actor para adquirir el medicamento. En efecto, se entiende que “tanto el derecho al goce de la vida como el derecho a la salud tienen protección constitucional en nuestro país no sólo porque son mencionados expresamente en el texto constitucional (arts.7 y 44) sino también por ser entendidos como derechos inherentes a la personalidad humana (art.72)”. Tanto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ratificado por Ley Nº13.751 de 11/7/69), en su art.12 reconoce “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, como el Protocolo de San Salvador, adicional a la Convención Americana sobre Derecho Humanos en materia de Derechos económicos, sociales y culturales (ratificado por Ley Nº16.519 de 22/7/94) en su art.10 establece que “toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social” y señala que para hacer efectivo ese derecho los Estados se comprometen a reconocer la salud como un bien y a tomar ciertas medidas, que se detallan, entre las cuales se alude a “satisfacer las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables”. “ Pero el Estado Uruguayo está constitucionalmente obligado a proteger el derecho a la salud más allá de los términos que surgen de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que ha ratificado, debido a que, conforme dispone el art.44 de la Constitución Nacional en su parte final está obligado a proporcionar “gratuitamente los medios de prevención y asistencia … a los indigentes o carentes de recursos”. Es un criterio interpretativo firme en materia de derechos humanos el principio pro hominen o pro-persona, que opera como una directriz de preferencia indicando que prevalece la regulación que mejor tutela el derecho en cuestión (SAGÜES, Néstor P. La interpretación de los derechos humanos, p.6; RISSO, Martín. Algunas garantías básicas de los derechos humanos, 2ª. ed. Bogotá, 2011, p.49) y ese es el caso del art.44 inc.2 de la Constitución Nacional. "De modo que ante una persona que carece de recursos para proveerse de la medicación que necesita para tratar su patología y mejorar la calidad de sobrevida –y quizás prolongarla por un tiempo- debe cumplir con ese imperativo constitucional” (T.A.C.1º Sent. N.º 123 de 27/9/11; Sent.Nº186 de 16/12/11). La negativa estatal convierte en ilegítima la conducta del Ministerio de Salud Pública como representante del Estado en esta causa (Ley Nº16.320 art.384).” En este enfoque, se encuentra otra sentencia de la Suprema Corte de Justicia, la Nº 396/2016, que falló en mayoría en sentido contrario a la anteriormente citada y en la que se expuso que: “ En efecto, si bien el inc. 1 del art. 7 de la Ley No. 18.335 consagra el derecho a acceder a una atención en salud de calidad, puede sustentarse que el inc. 2 (punto impugnado) vulnera el inc. 3 del art. 44 de la Constitución. La técnica legislativa de la delegación reglamentaria es procedente, en el caso, por tratarse de un tema eminentemente técnico con una vasta casuística que, por su naturaleza, requiere constantes modificaciones que, por lógica, no son viables en la vía legislativa y sí en la reglamentaria. “ No obstante, la norma impugnada incurre en contradicción con la Constitución. “ El derecho a la salud, expresamente reconocido en el art. 44 de la Constitución, constituye un derecho humano esencial, inherente a la persona, y de cuyo pleno goce dependen todos los demás. En este sentido, el derecho a la salud podría considerárselo, conjuntamente con la vida, uno de los derechos absolutos, ya que su instrumentalidad respecto del segundo nombrado es indiscutible. “ Es de señalar que la citada norma superior establece: “El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país. “ Todos los habitantes tienen el deber de cuidar de su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes”. “ Como se indicara en la Sentencia No. 696/2014, citando a su vez el Pronunciamiento No. 1.713/2010: “En efecto, la Salud Pública es un cometido esencial inherente del Estado, y en casos como el de autos la legislación sobre tabaquismo resulta un bien jurídico superior que participa de la noción de orden público (art. 44 de la Constitución), por lo que resulta natural que se cometiera al M.S.P. dicha reglamentación, pues de acuerdo a la Ley Orgánica de Salud Pública No. 9.202, le compete al mismo adoptar todas las medidas que estime necesarias para mantener la Salud colectiva, dictando todos los reglamentos y disposiciones necesarias para este fin primordial (art. 2)...”. “ Sobre esa base, el Juez debe analizar la norma impugnada, así como toda la legislación en la materia, incluso decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública, para desentrañar el espíritu de la Ley, que en ningún caso puede revelar la intención de limitar en forma alguna el acceso a la salud. Como guía interpretativa cabe destacar, además, la reciente sanción de los arts. 461 y 462 en la última Ley de Presupuesto No. 19.355, normas por las que se reglamentó en vía legal el procedimiento que debe seguir el Ministerio de Salud Pública para la aprobación y registro de especialidades farmacéuticas en el Formulario Terapéutico de Medicamentos. Las referidas disposiciones resultan prístinamente claras en su finalidad restrictiva respecto al derecho de acceso a la salud. “ En efecto, la inclusión de medicamentos por el M.S.P. en el denominado “Formulario Terapéutico de Medicamentos”, deberá efectuarse conforme los principios consagrados en la legislación, en la especie, los enunciados en el propio art. 7 de la Ley No. 18.335. No obstante, ese “margen” legal previsto, y que se completará en vía administrativa, deja una “ventana” abierta para la limitación de un derecho que, por su naturaleza instrumental con el derecho a la vida, no admite la menor restricción. En este sentido, cabe recordar que esta Corporación, reiteradamente ha sostenido (cfme. Sentencia No. 1.026/2011, entre otras) el carácter no absoluto de los derechos que se enuncian en el artículo 7 de la Carta Fundamental, señalando que “... (salvo el derecho a la vida)... la Constitución confiere discrecionalidad al legislador, aunque precisamente regulada, al imponerle que, para disponer una tal limitación debe atender a razones de interés general (Sentencia No. 133/663 y Sentencia No. 152/1991, entre otras)” (cf. Sentencia No. 33/94, entre otras) (ver también Sentencias Nos. 99, 129, 131/2008). “ En su mérito, del análisis contextual de la norma impugnada, emerge incuestionablemente que se trata de una norma regresiva, que tiende a limitar los medios médicos disponibles de prevención, tratamiento y asistencia, contradiciendo de esta forma la norma de rango superior. Limitación que, por otra parte, no responde a razones de interés general, sino meramente económicas. “ Complementando dicha argumentación, el Sr. Ministro Dr. Pérez Manrique agrega que, en la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, al interrogarse sobre los criterios predominantes de interpretación que la jurisprudencia constitucional ha sostenido para la declaratoria de inconstitucionalidad de las Leyes u otros actos con similar rango que contradicen los preceptos constitucionales, fueron relevados como criterios, los siguientes: a) la interpretación literal; b) antecedentes históricos y legislativos; c) método teleológico y sistemático, d) la realidad social el tiempo en que se han de aplicar las normas constitucionales; e) el contexto normativo de la disposición que debe ser interpretada (la Constitución en su totalidad, el resto del ordenamiento jurídico, el derecho comparado y el derecho internacional de los derechos humanos); f) la interpretación sistemática de la Constitución y el principio de ponderación; g) interpretación conforme a la Constitución; h) principio de unidad constitucional que exige una interpretación de la Constitución como un todo armónico y coherente; i) principio pro homine o de aplicación de la norma más favorable a los derechos de la persona. (www.cijc.org/.../Uruguay/.../Uruguay-Suprema Corte de Justicia.pdf). “ En lo que dice relación con este último principio, Humberto Henderson en su publicación: “Los tratados internacionales de derechos humanos en el orden interno: la importancia del principio pro homine” expresó: “ Sin perjuicio de las reglas tradicionales de interpretación y aplicación de las fuentes de derecho tanto de orden interno como internacional enunciadas sucintamente, conviene subrayar que en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos importa tener en cuenta una regla que está orientada a privilegiar, preferir, seleccionar, favorecer, tutelar y, por lo tanto, a adoptar la aplicación de la norma que mejor proteja los derechos fundamentales del ser humano. “ En el ámbito del derecho internacional, el propio artículo 31 de la Convención de Viena, permite fundamentar lo que se ha denominado o puede denominarse el principio pro homine, cada vez más aceptado por los estudiosos del derecho internacional de los derechos humanos, incluso reconocido como parte de la lógica y la principiología propias del derecho internacional de los derechos humanos. “ En ese sentido, se ha subrayado que ‘la invocación y el uso de la norma más protectora son perfectamente aceptados, en la doctrina acerca de la defensa judicial en derechos humanos, debido al objetivo garantista que orienta la materia’. “ En sentido análogo se ha expresado que este principio se puede considerar como ‘[...] un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos [...] Este principio coincide con el rango fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estará siempre a favor del hombre’. “ En efecto, de acuerdo con el artículo 31.1 de la Convención de Viena, la interpretación debe tener en cuenta el objeto y fin del tratado y es aquí donde debe recordarse que los tratados sobre derechos humanos tienen como objeto y fin, el reconocer derechos a los individuos frente al Estado y no regular las relaciones entre los Estados como lo hace el ‘derecho de gentes’. “ Además de lo establecido en la Convención de Viena, aplicable con carácter general en el derecho internacional, y de lo que disponen muchas constituciones nacionales, son varios los instrumentos internacionales de derechos humanos que consagran expresamente la regla de interpretación pro homine, tanto en el ámbito universal, como en el propio sistema interamericano de estos derechos. Sin pretender presentar una enumeración detallada y exacta de las normas internacionales, y a modo de ejemplo, se pueden citar las siguientes disposiciones de algunos de estos instrumentos internacionales de carácter universal” (www.corteidh.or.cr/tablas/R06729-3.pdf)... “ Agrega que, sin perjuicio del desarrollo progresivo del derecho a la salud, característica inherente a los derechos humanos de la segunda generación, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales también ha señalado que los Estados tienen una obligación mínima básica de garantizar la satisfacción de niveles esenciales mínimos de cada uno de los derechos reconocidos en el Pacto. “ Indicando seguidamente: “Este contenido mínimo y esencial del Derecho a la Salud, es el garantizado por tal pacto, el ‘contenido mínimo del Derecho a la Salud’ que implica la garantía mínima constitucional, respecto de la cual no pueden dictarse Leyes por debajo del mismo, pero sí por encima de tal mínimo”. “ Ahora bien. Teniendo en cuenta que según el art. 44 de la Carta la obligación del Estado se extiende a proporcionar asistencia no sólo a los indigentes sino también a aquellos que carezcan de recursos para cubrir los costos de la atención médica, en aplicación del principio pro homine el Estado no puede desconocer el mandato constitucional citado, derechos respecto de los cuales la Constitución no autoriza ni habilita limitación de especie alguna. “ Es de señalar asimismo que, la persona afectada debe acreditar cuál es la enfermedad que padece y que, para su estado de evolución, corresponde proporcionar el medicamento que pretende acreditando fehacientemente su viabilidad a través de prueba idónea a tales efectos, así como que carece de recursos suficientes para cubrir los costos del tratamiento, de forma acorde al requerimiento contenido en la Carta Magna. “ En suma, como lo ha sostenido la Corte en reiteradas oportunidades, los derechos establecidos en el art. 7 de la Carta -salvo el derecho a la vida- no pueden ser limitados, excepto por razones de interés general, las que no se han articulado debidamente a la hora de establecer la limitación en la norma cuestionada, lo que determina corresponda declarar su inaplicabilidad al caso concreto. “ VII) Sin perjuicio de compartir lo dicho por la mayoría, el Sr. Ministro Dr. Hounie, señala que a diferencia de lo que sostiene el Sr. Fiscal de Corte (en especial, a fs. 243 y 244 vto.), no puede deducirse que la conjunción “e” (“autorizados (...) e incluidos”) contenida en la norma significa que todos los medicamentos autorizados deban ser incorporados en el FTM, sino que lo que la norma indica es que el paciente tiene derecho a acceder a aquellos que tengan ambas calidades (que se encuentren autorizados y, a la vez, incluidos en el FTM). Así, lo deja desprovisto del derecho de acceso a aquellos medicamentos que estén autorizados, pero no incluidos en el vademécum. “ El art. 10 de la Ley No. 18.335 es claro al respecto, así como también lo es la práctica que, a diario, se da en los tribunales con los recursos de amparo, desde que en casi todos (por no decir todos) los casos, se discute sobre medicamentos autorizados por el Ministerio de Salud Pública, pero no incluidos en el vademécum. “ Como ya lo sostuvo cuando integraba el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6to. Turno, en Sentencia identificada como SEF-0006-000173/2013: “Dicha Cartera [en referencia al Ministerio de Salud Pública] es la encargada de preservar la salud de los habitantes, bien fundamental que no puede estar supeditado a las contingencias de un trámite burocrático de tal naturaleza [la inclusión en el FTM], que bien puede durar meses e, inclusive, años.”. III) Analizado el caso concreto de autos, el Ministerio de Salud Pública, como correctamente se releva en el recurso de apelación, no controvierte la patología del paciente, ni la indicación del procedimiento solicitado, y se limita a enunciar argumentos formales, de demora en la solicitud, que no se comparten como ya se indicó. ” III. Con relación al alto costo de la intervención, cabe indicar, que es la única opción terapéutica para tratar la enfermedad que padece la parte actora, en la actualidad con algún grado de eficacia. El derecho a la salud de rango constitucional no puede ceder por cuestiones de orden económico. IV. La correcta conducta procesal de las partes determina que no corresponda efectuar especial condena al pago de las costas y costos de esta instancia (arts. 688 CC y 261 CGP). Por los fundamentos expuestos, normas citadas y lo dispuesto por los arts. 197, 198 y 257 del CGP, el tribunal, por unanimidad de sus integrantes, F A L L A: REVÓCASE LA SENTENCIA APELADA, CONDÉNANDOSE AL MINISTERIO DE SALUD A PROVEER A LA ACTORA DE LA REPARACIÓN DE LA VÁLVULA MITRAL (LO QUE COMPRENDE EL ACTO QUIRÚRGICO, LOS MATERIALES E INSUMOS QUE SEAN NECESARIOS, HONORARIOS MÉDICOS Y TÉCNICOS Y DEMÁS GASTOS ASOCIADOS AL TRATAMIENTO QUE EL PRESTADOR DE SALUD NO ESTÉ OBLIGADO A CUBRIR), CON PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES. SIN ESPECIAL CONDENACIÓN EN LA INSTANCIA. HONORARIOS FICTOS: $ 15.000. NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE. Dra. Beatriz Venturini – Dra. Ana Rivas – Dr. Álvaro Messere MINISTROS Esc. Mónica Falótico SECRETARIA